Grupo de bienestar animal presenta una queja por la gestión de la Fiscalía del Condado Clark en los casos de crueldad animal

LAS VEGAS, NV (Vegas Hoy) - Una organización de bienestar animal de Nevada está solicitando formalmente a las autoridades estatales que revisen la manera en que la Fiscalía del Condado Clark gestiona los procesos judiciales por crueldad animal.

La organización Nevada Animal Advocates anunció que ha pedido al Colegio de Abogados de Nevada y al Fiscal General del Estado que examinen si la oficina dirigida por el fiscal de distrito Steve Wolfson ha infringido normas de responsabilidad profesional, obligaciones fiscales u otras leyes aplicables al tramitar casos de crueldad animal.

Lo que solicita el grupo

La organización pide una revisión independiente para determinar si los casos de crueldad animal se están evaluando y procesando de manera coherente, si la discrecionalidad de la fiscalía se ha ejercido conforme a la legislación de Nevada y si las políticas relativas a los delitos graves de crueldad animal cumplen con la “Ley de Reba” (*Reba’s Law*), aprobada por la Legislatura de Nevada en 2025.

“Llevo años sintiéndome frustrado. Ver a Wolfson y a su oficina negociar acuerdos para reducir los cargos en estos casos hace que todos en la comunidad de defensa de los animales se pregunten qué está pasando en esa oficina”, declaró John Waudby, fundador de Nevada Animal Advocates.

Casos citados en la denuncia

La denuncia presentada ante el Fiscal General y el Colegio de Abogados del Estado cita varios casos que, según se afirma, reflejan un patrón de rechazo o reducción de los cargos penales. En un caso, Mitchell Fairbarn fue acusado de cuatro delitos graves de crueldad animal tras herir a un flamenco en el Strip de Las Vegas.

La denuncia señala que el caso es objeto de negociaciones para un acuerdo de culpabilidad y expresa preocupación de que la resolución final no refleje la gravedad de la conducta. En un segundo caso, Tabitha Berube —vinculada a la organización Working Dogs of Nevada— fue presuntamente grabada en video realizando actos que, a juicio de dicha organización, constituían el delito de crueldad animal.

La denuncia indica que la Fiscalía del Condado Clark decidió no presentar cargos penales a pesar de la existencia de pruebas en video. Un tercer caso involucra a John Johnstone, también vinculado a Working Dogs of Nevada, quien inicialmente fue acusado de cuatro delitos graves por torturar, mutilar o desmembrar intencional o maliciosamente a un animal. Según la denuncia, la oficina de Wolfson desestimó tres de esos cargos.

Posteriormente, Johnstone fue puesto bajo custodia del ICE y deportado a Escocia antes de que se resolviera el caso.

En otro caso, se acusó a Wayne Leonard Johnson de llevar a su perro al desierto del sur de Nevada, golpearlo con un martillo, apuñalarlo y degollarlo. El animal fue encontrado con vida, pero tuvo que ser sacrificado. La denuncia incluye muchos otros casos.

Respuesta de la Fiscalía

Wolfson refutó la denuncia, calificándola de información errónea.“No comparto la postura del caballero que presentó esa denuncia; me parece indignante y creo que se trata de información errónea por su parte. Presentamos estos casos con regularidad y nos tomamos muy en serio los casos de crueldad animal. Actualmente tenemos 45 casos pendientes de crueldad animal clasificados como delitos graves y otros 15 como delitos menores; es decir, hay unos 60 casos de crueldad animal pendientes en los tribunales. Por lo tanto, dicho caballero, dicho sea con todo respeto, está mal informado sobre nuestra labor aquí”, declaró Wolfson.

Wolfson afirmó que su enfoque para procesar los casos de maltrato animal es sólido. “Revisamos estos casos y los tomamos en serio. Tenemos normas éticas que dictan que solo debemos presentar cargos cuando creemos que podemos probar el caso más allá de toda duda razonable. Si no podemos probar el caso más allá de toda duda razonable, no debemos presentar cargos, y de hecho no lo hacemos”, declaró Wolfson.

Antecedentes de la Ley Reba

La denuncia hace referencia a las declaraciones públicas que Wolfson realizó antes de la promulgación de la Ley Reba, en las que instaba a los legisladores a aumentar las penas por crueldad animal, argumentando que “el castigo no es proporcional al delito”.

La Ley Reba recibió su nombre en honor a una bulldog que fue abandonada dentro de un contenedor sellado cerca de un depósito de basura bajo el intenso calor de Las Vegas. La perra murió a causa de un golpe de calor. Dos personas, Isaac Laushaul Jr. y Markeisha Foster, fueron acusadas en relación con la muerte del animal. Laushaul aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue condenado a una pena de entre 16 meses y cuatro años de prisión. Foster se declaró culpable de un cargo menor y recibió una condena de siete meses de cárcel, pero fue puesta en libertad menos de tres semanas después, tras aplicársele el crédito por el tiempo ya cumplido en detención.

Posteriormente, la Legislatura de Nevada aprobó la “Ley de Reba” (*Reba’s Law*), otorgando a los fiscales mayores facultades legales para abordar los delitos graves de crueldad animal.

¿Qué sigue?

La organización Nevada Animal Advocates anunció su intención de proporcionar documentación de respaldo, registros judiciales, noticias y otros materiales a las agencias encargadas de la revisión. La organización reconoció que las decisiones relativas a cualquier investigación dependen exclusivamente del Colegio de Abogados del Estado (*State Bar*) y de la oficina del Fiscal General.

La queja fue enviada por correo certificado a la oficina del Fiscal General de Nevada, en el McCarran Center de Las Vegas, y a la Oficina de Asesoría Legal del Colegio de Abogados de Nevada.

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